Otra vez la tragedia lleva la cara de un chico wichi. Tenía un año y diez meses y murió el fin de semana pasado. Vivía en la comunidad de El Tráfico, en la localidad de Embarcación, en el norte de Salta. Aunque el gobierno provincial no habló de las causas, decidió declarar la emergencia sociosanitaria en tres departamentos de la zona involucrada. Según reconstruyeron distintas fuentes locales, el fallecimiento del niño fue producto de condiciones extremas de desnutrición y deshidratación. Con su caso, en lo que va del año serían al menos cinco los chicos y chicas que perdieron la vida en esa región salteña por este motivo.
La medida tomada por el Ejecutivo salteño sobrevino luego de una reunión de urgencia con enviados del ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo. El domingo, cuando se difundió la noticia, el funcionario de la Casa Rosada había escrito en su cuenta de Twitter: «La muerte de otro niño de la comunidad wichi y el grave estado en el que se encuentran otros chicos nos conmueve a todos. La situación sociosanitaria en el norte de Salta es crítica y el @MDSNacion está trabajando desde hace varias semanas en acciones de carácter urgente».
Ayer, luego de la reunión que tuvo lugar desde las 19 y casi hasta las 22 en la Casa de Gobierno salteña, Sáenz anunció que declarará por decreto la emergencia sociosanitaria en los departamentos Orán, San Martín y Rivadavia, con una vigencia de 180 días y con facultades para que el Ejecutivo local pueda extender el plazo. «Vamos a dirigir nuestros mayores esfuerzos para asistir de manera inmediata a los sectores más vulnerables, con medidas y acciones prioritarias», dijo el gobernador. Y sostuvo: «No me da vergüenza mostrar la realidad, me entristece y duele esta situación. Hay un norte profundo que duele y golpea, tenemos mucha gente sufriendo, sin agua, sin servicios de salud en condiciones».
Por otro lado, desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación subrayaron que se distribuirán 40.000 módulos alimentarios por mes, ante el convenio firmado con el gobierno provincial. «Un equipo conformado por distintas áreas del ministerio quedará trabajando en el terreno, para colaborar en la puesta en marcha de acciones de corto plazo, que sean integrales y apunten al acceso al agua, al alimento y a los servicios de salud desde una perspectiva intercultural», afirmaron desde esa cartera. Además, se aseguró que se volcarán 330.000.000 de pesos desde el 10 de febrero con la tarjeta alimentaria en toda la provincia.
Las organizaciones sociales que trabajan en territorio informaron a LA NACION que la situación es crítica y de larguísimo arrastre. Un referente de la comunidad wichi Misión Chaqueña, en Embarcación -que prefiere reservar su identidad-, confirmó las muertes de los niños wichi por desnutrición y deshidratación. «Nuestro principal problema es el acceso al agua. En nuestra comunidad tenemos una sola bomba para 500 familias y ni siquiera sabemos si lo que sale es apto para el consumo humano», enfatizó. Incluso, él tuvo a dos de sus hijos internados por deshidratación.
Martín De Dios, de Lewet Wichi, una organización que trabaja para fomentar el respeto a las comunidades originarias, contó que en la comunidad de Misión Chaqueña están muy golpeados, porque «para ellos fue una sucesión de eventos trágicos muy seguidos». Sin embargo, aclaró que «no es nuevo que mueran chicos por desnutrición».
Para De Dios, «falta un diagnóstico, conocer bien a las comunidades, sus necesidades, y es ahí donde hay que hacer foco, porque sin información las políticas públicas fracasan. Muchos de esos chicos están indocumentados, entonces, por ejemplo, no pueden recibir la Asignación Universal por Hijo (AUH)».
Desde que se conocieron los primeros casos de niños que fallecieron por desnutrición a principios de enero, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, como respuesta, detalló que están trabajando en la zona, dispusieron el reparto de agua envasada y ampliaron la distribución de módulos alimentarios en toda la región. Además, se sumó al terreno dos camiones potabilizadores, que ya están repartiendo agua segura en 18 puntos críticos, teniendo en cuenta que es una de las necesidades más urgentes.
Los referentes destacaron la situación crítica en la que viven sumergidas las comunidades wichis: en la pobreza estructural, sin acceso a agua segura, hacinados en ranchos con pésimas condiciones de higiene, aislados y con muy escasas posibilidades de acceder a servicios de salud.
Silvia Molina trabaja hace 30 años en la Pastoral Aborigen de la Diócesis de Nueva Orán y en la asociación civil Tepeyac, que acompaña principalmente a comunidades wichis en el reclamo de sus tierras y recursos y en el reconocimiento de sus derechos. «Todos los comienzos de año hay muertes por deshidratación y desnutrición, situación que se agudiza ahora todo el año con un hábitat que se va degradado paulatinamente, a raíz de la extensión de la frontera agrícola y de las industrias extractivistas, que van desmontando el monte: es decir, el hábitat natural de estas comunidades está siendo degradado», relató Molina.
«Me animaría a decir que cada dos meses tenemos algún caso de un niño que muere. Sin embargo, como la desnutrición es el contexto y no el diagnóstico de la muerte, porque mueren de diferentes enfermedades, en las actas de defunción aparecen otras causas«, contó Diego Bustamante, presidente y director general de Pata Pila, días atrás a LA NACION. Desde que empezaron a trabajar en 2015, atendieron a más de 800 chicos y chicas en situación de riesgo nutricional: 200 fueron dados de alta y otros 600 continúan en tratamiento semanal.
Molina sostuvo que, en verano, cuando la sensación térmica sube por arriba de los 45 grados, los casos de deshidratación se vuelven más frecuentes. «Estos días registramos muchísimo calor y hay realidades climáticas y factores de la zona, pero también sistemas que colapsan, como el de salud. Hay que buscar formas distintas de abordar la problemática y el Estado debería sentarse junto con los referentes de las comunidades y en terreno, porque muchas veces las soluciones se dan desde las capitales», afirmó.
Sin acceso a la salud
Si bien el niño que falleció el domingo era de la comunidad El Tráfico, según lo reconstruido por medios locales había viajado con sus padres a visitar familiares a Los Blancos, en el departamento de Rivadavia, a unos 400 kilómetros de Embarcación. Había estado internado en el hospital de esa localidad, donde fue dado de alta. Sin embargo, en la salita de salud de Los Blancos, al ver que la situación del niño era crítica, se solicitó una ambulancia al Hospital de Coronel Juan Solá de Morillo, la ciudad cabecera de Rivadavia Banda Norte, para trasladarlo nuevamente a Embarcación. La ambulancia se descompuso en el camino y el niño murió.
En esa línea, profundizó que «hay un sistema de salud que colapsa por falta de profesionales y recursos, y una falta de atención a las poblaciones vulnerables, que muchas veces se hace únicamente de forma asistencial y sin una mirada que sea inclusiva de las comunidades y sus realidades».
La referente puso el dedo en una llaga abierta: «En la zona de Rivadavia Banda Norte hay seis médicos para casi 12.000 habitantes. Faltan profesionales y con una mirada intercultural. Hay algunas comunidades que están sobre la ruta y pueden acceder a través de un vehículo al hospital en Murillo. Pero hay otras que están a 20, 70 u 80 kilómetros, con caminos de tierra». Además del calor, las lluvias los suelen volver intransitables, lo que aumenta el aislamiento: «Hay comunidades que tienen su centro de salud, pero no tienen personal, no están equipados. El hospital de Murillo tiene una ambulancia y media, porque muchas veces no funciona», describió Molina.
La dificultad de acceder a agua segura es un tema central para todos los referentes consultados: «Algunas comunidades cuentan con pozos de más de 100 metros, otras con menos de 30 metros; en otras hay aljibes y la municipalidad les lleva el agua. Otras tienen agua salada», detalló Murillo. Y agregó que, en Los Blancos, en cuya salita de salud habría sido atendido el niño en fin de semana, «el agua es intomable».
Trabajo artesanal
En Santa Victoria Este, una de las regiones más críticas del norte de Salta, Pata Pila tiene presencia en La Puntana, en la frontera con Bolivia, y en Misión La Paz, en el límite con Paraguay. Allí trabaja la nutricionista Elizabeth Torres, una de las 38 profesionales que integra el equipo interdisciplinario de la ONG, que hace un trabajo artesanal, «cuerpo a cuerpo», con cada familia.
«La nutrición engloba muchos factores que no solo tiene que ver con lo alimentario, sino también con lo ambiental. Hay mucha falta de higiene en general, además el agua no es potable y contiene gran cantidad de minerales como arsénico», señaló Torres.
Por otro lado, al igual que Molina hace énfasis en la escasez de recursos. «El hospital de Santa Victoria tiene muy pocos médicos, unos cinco, para cubrir un área operativa que es muy grande. Hay un nutricionista que no da abasto. La Puntana tiene un centro de salud, igual que Misión La Paz, pero el de La Puntana estuvo hace unos meses sin médico», contó.
Para ella, los casos de los últimos días no fueron una sorpresa. «Siempre estamos en contacto con las comunidades y estas realidades. Mes parece importante que a nivel nacional se conozca y se tome conciencia de esta realidad», concluyó.
Fuente: https://www.lanacion.com.ar/comunidad/salta-muerte-otro-nino-wichi-declararan-emergencia-nid2328013
