Paine es una comuna de la región metropolitana de Santiago de Chile donde viven unos 70.000 habitantes. Es una zona estrictamente agrícola que se caracteriza por la exportación de sandías; pero también por las microeconomías que son fuente de subsistencia de muchas familias que sólo venden lo justo.
En 2010 Monsanto compró la planta de procesamiento y exportación de semillas de maíz y soya de Anasac que está en Viluco, Paine. En 2016 anunció que modernizaría la planta para aumentar su producción, pero dilató las obras. En junio de 2018 Bayer compró Monsanto y se dispuso a llevarlas a cabo, agregando el procesamiento de canola.
El proyecto de ampliación, denominado «Satisfacción de la demanda», tiene como objetivo aumentar la producción de semillas en un 20% para que Chile pueda satisfacer el 70% de la demanda en la región en un futuro cercano.
Chile es el mayor exportador de semillas del hemisferio sur. Según cifras de la Federación de Productores de Semillas (ChileBio), el país exportó semillas por un valor de 338,5 millones de dólares en 2016 y 2017, una quinta parte fueron semillas genéticamente manipuladas.
«Queremos modernizar la tecnología y los procesos para que la fábrica alcance los estándares de las fábricas en los Países Bajos y EEUU», dijo a Deutsche Welle Yuri Charme, de Bayer Crop Science. La planta de Chile es la única que produce semillas de hortalizas en América del Sur, y una de las tres más grandes de la compañía en todo el mundo.
La corroboración del anuncio encendió las alarmas de las comunidades de Paine, quienes además están expectantes de si el Senado chileno ratifica o no el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, que podría facilitar el negocio de la empresa alemana en su territorio.
Dentro «del riesgo» que para las comunidades implica el aumento de la producción de los alimentos modificados, está la preocupación sobre «qué tipo de seguridad se va a generar ahora quienes manejan estos elementos, porque hay una historia bien larga de intoxicaciones» producto de los agrotóxicos que se utilizan en cultivos transgénicos, dijo a Sputnik Camila Navarro, vocera del Comité para la Defensa del Paine.
La comunidad constató desde hace al menos dos años que Monsanto (ahora Bayer) estaba vendiendo «paquetes tecnológicos» a los agricultores de la zona.
«Les llaman ‘semilleros del futuro’: semillas transgénicas que sólo pueden ser plantadas una vez, y Roundup, glifosato», explicó Navarro. La comuna está preocupada por las trágicas consecuencias que puede traer aparejado el uso de los transgénicos, pero aún más de los agrotóxicos.
El glifosato fue catalogado por la Organización Mundial para la Salud como «probablemente cancerígeno».
Desde que Bayer compró Monsanto ha sido derrotado judicialmente tres veces por demandas de ciudadanos que alegaron que el uso del Roundup les causó cáncer. La última derrota la sufrió el 16 de mayo, cuando un jurado de EEUU ordenó a la empresa que pague 2.055 millones de dólares a una pareja del norte de California por considerar que efectivamente el pesticida les causó cáncer. Bayer aún tiene 13.400 demandas de este tipo pendientes.
Además de los inminentes daños a la salud que puede generar el uso del glifosato, Navarro indicó que también están preocupados porque el uso repetido de agrotóxico inevitablemente va dañando el suelo y que, además, genera una «contaminación cruzada por polinización».
«Los distintos insectos polinizadores se ven afectados, y ellos empiezan afectar cultivos orgánicos aledaños», explicó.
Otro de los puntos que les preocupan es la disposición final de los deshechos de la canola. «Sabemos que son bastante nocivos y que hay estudios que mostraron que en ratas provocaban distintos tipos de cáncer, tumores, malformaciones», puntualizó Navarro.
A esto se le suma el «amarre» a la empresa que implica la compra de un paquete que sólo puede ser utilizado una única vez.
Los vecinos hicieron llegar al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), a quien le solicitaron realizar una instancia de participación ciudadana en el marco de la Resolución de Calificación Ambiental del proyecto. Pese a las más de 10 solicitudes presentadas, la petición fue denegada y se aprobó el proyecto de ampliación sin mediar un Estudio de Impacto Ambiental.
«El SEA alegó que nos lo negaba porque la empresa iba a traer beneficios sociales porque aumentaba la cantidad de puestos de trabajo: unos 50 más en zafra. ¡Pero la cantidad que aumenta es insignificante para una comuna de 70.000 personas!», señaló Navarro.
La comunidad inició una batalla legal junto a la organización civil Defensoría Ambiental. «Estamos evaluando cuál va a ser la siguiente acción jurídica», indicó. Mientras, siguen trabajando en la «concientización sobre lo que implica estar expuestos a los agrotóxicos».
Este 19 de mayo, durante la protesta global a favor de una agricultura sin pesticidas y contra el uso de semillas genéticamente modificadas y contra Bayer-Monsanto, en Santiago de Chile se leyeron pancartas que decían: «No agrovenenos», «Fuera Monsanto de Paine y del Mundo».
