AUTOR: Sabrina Roth
pesar de ser uno de los más recientes en mostrar interés en su explotación, Argentina es hoy uno de los países del famoso “triángulo del litio”, área que comparte con Bolivia y Chile, que concentra todas las miradas de los inversores extranjeros, muchos de ellos chinos.
Entre 2015 y 2018 la inversión en proyectos de exploración y operaciones de litio se incrementó un 928% y aumentaron de 13 a 60 millones de toneladas los recursos de litio identificados en el país, de acuerdo con la Secretaría de Minería.
Sin embargo, el nivel de inversión viene acompañado de crecientes tensiones ambientales y sociales. Los pueblos originarios resisten los nuevos proyectos y aseguran no estar siendo consultados previamente, en violación con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
La provincia de Jujuy es el principal foco de conflicto, con 36% del total de litio a nivel nacional. La empresa Sales de Jujuy, formada por la japonesa Toyota, la canadiense Orocobre y la empresa provincial JEMSE, operan en la localidad de Olaroz la única mina en funcionamiento, la cual produjo 12.000 toneladas en 2017 y espera expandirse para producir 35.000 toneladas.
A la par, la minera canadiense Lithium Americas junto a Ganfeng, de capitales chinos, y JEMSE están construyendo una segunda mina con una capacidad de producción de 25 mil toneladas que prevé iniciar sus operaciones en 2020. A eso se le sumarían otros numerosos proyectos impulsados desde el gobierno provincial.
“Le dijimos no al litio si no se hace la consulta previa, libre e informada. Vamos a seguir sosteniendo lo que decidimos en la asamblea todas las comunidades y que quedó expresado en las actas que hicimos llegar al gobierno”, aseguró Clemente Flores, referente de la comunidad aborigen El Angosto.
Cambio productivo
Jujuy es una de las tres provincias argentinas con proyectos de explotación de litio junto a Catamarca y Salta. La provincia solía basar su actividad económica en el azúcar, tabaco y la extracción del zinc, lo que cambió con la llegada del mineral blanco.
La asunción del presidente Mauricio Macri y del gobernador de Jujuy Gerardo Morales en 2015 significó la decisión de desarrollar proyectos de energías renovables, como la pronta inauguración del parque solar Cauchari de 300MW con inversión china, y los proyectos de explotación del litio.
En la provincia hay tres áreas factibles de explotación del mineral: Olaroz, donde con la aprobación de las comunidades ya se está produciendo carbonato de litio, la zona del Salar de Jama y alrededores y, por último, la Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatavoc, donde habitan 33 comunidades indígenas.
Entre ellas, se encuentran las comunidades de Santuario Tres Pozos, Aguas Blancas, Tusquillas, Casabindo, Agua de Castilla y el Moreno. La mayoría no posee título de propiedad, pero el derecho indígena reconoce la ocupación ancestral y pública del territorio.
En 2010, las comunidades de Salinas Grandes y Guayatayoc presentaron un amparo colectivo contra el estado provincial de Jujuy y de Salta y contra el Estado Nacional para que los gobiernos garanticen sus derechos a expresar su consentimiento sobre la explotación del litio en sus territorios.
Esa demanda llegó a instancias internacionales y actualmente se tramita ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Costa Rica.
Argentina aprobó en 1992 el Convenio 169 de la OIT según el cual los gobiernos deben realizar consultas previas, libres e informadas antes de adoptar cualquier decisión que de alguna manera pueda afectar a los pueblos indígenas. Además, en la reforma constitucional de 1994, el país reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas.
“La consulta previa, libre e informada no es una mera reunión con las comunidades, sino que es un procedimiento que debe estar reglado, en el que se debe brindar la información de una manera que sea clara, que las comunidades puedan evaluar el impacto que van a tener los proyectos que se desarrollen en su territorio y luego se les debe consultar”, sostuvo la abogada ambientalista Alicia Chalabe.
Las comunidades bloquearon a principios de febrero el ingreso a un emprendimiento minero que autorizó el gobierno provincial en la Laguna de Guayatayoc, pero que no contaba con la aprobación de los pueblos indígenas que habitan ese territorio. A partir de ello, las empresas se vieron obligadas a abandonar el proyecto.
Al mismo tiempo, las comunidades rechazaron una reciente licitación de la empresa estatal JEMSE para proyectos mineras en Salinas Grandes, Laguna de Guayatayoc y Salar de Jama. El gobierno provincial inicialmente suspendió la convocatoria por las protestas, pero luego la prorrogó para los primeros días de marzo.
“Con firmeza decidimos que no admitiremos trabajos de prospección, exploración y explotación de litio en toda la extensión territorial de la Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, de acuerdo con nuestra legislación vigente y de nuestros derechos constitucionales”, sostuvo Flores.
Diálogo Chino se comunicó con el gobierno provincial y con las empresas involucradas en los conflictos con las comunidades aborígenes pero ambas decidieron no emitir declaraciones.
Creciente resistencia
El rechazo de las comunidades de Jujuy a nuevos proyectos de extracción de litio crece a medida que avanza la explotación en Olaroz, la primera y por ahora única planta en funcionamiento, y que sus impactos ambientales se hacen más visibles.
El litio se obtiene a través de un proceso de evaporación, el cual requiere dos millones de litros de agua por cada tonelada de mineral extraído. Parte del agua es salada, por lo que no puede ser utilizada para consumo humano. Al usar tanta cantidad, los acuíferos de agua subterránea se podrían ver afectados.
La falta de agua afecta a las comunidades que viven en la misma zona de los proyectos y dependen de la misma para sus actividades diarias, como la agricultura. Al mismo tiempo, algunas áreas en las que ya se han aprobado proyectos en las provincias de Jujuy y Catamarca han sido identificadas como críticas para la biodiversidad.
Marcelo Sticco es hidrogeólogo e integra el departamento de Geología de la Universidad de Buenos Aires, la más grande del país. En febrero, recorrió la planta de Olaroz junto a las comunidades de la zona. Luego de haber aceptado la extracción del mineral, ahora se arrepienten, aseguró Sticco, ya que los métodos de producción transforman la zona en una de “sacrificio ambiental”.
“Las prácticas que se están utilizando no sólo son inadecuadas, sino que también demuestran la baja inversión y la baja consideración que tiene en cuanto a los riesgos e impactos ambientales”, sostuvo. “Se invierte menos para aumentar las ganancias de las empresas, que ya son muy altas.”
Sticco afirmó que las comunidades cercanas a Olaroz se ven obligadas a desplazarse a territorios lejanos debido a la escasez de agua apta para consumo humano y animal. El movimiento del suelo, las obras y el paso de los camiones, explica, afectan los flujos naturales del agua e impactan negativamente en la flora y fauna del lugar.
“La producción de litio utiliza productos que son irritantes, tienen efectos a nivel de toxicidad y generan un polvo blanco que afectan a las personas y a las plantas. Eso hace que no haya alimento para el ganado, que además ve afectada sus mucosas y ojos por el nivel de emisiones”, agregó.
Si bien las empresas estimaban que las reservas permitirían obtener carbonato de litio durante 40 años, Sticco aseguró que en base a los datos que manejan las propias compañías, los proyectos que están actualmente en funcionamiento se agotarán en cinco años. Sin embargo, explicó, hay alternativas de producción litio con tecnología más amigable y que reduciría considerablemente los riesgos de agotamiento del agua.
Todos los proyectos de litio deben contar con un estudio de impacto ambiental, el cual analice las alternativas técnicamente viables de producción y fundamente el método elegido. Sin embargo, las comunidades advierten que las empresas no cumplen con este requisito y el gobierno tampoco se los exige.
Abierto a la inversión
Argentina, Chile y Bolivia suman el 65% del total de las reservas de litio del mundo. De los tres países, Argentina es el único en donde este recurso puede ser explotado libremente mediante concesiones, lo cual se vio incrementado desde la asunción del presidente Mauricio Macri en 2015.
Expertos señalan que la falta de controles y regulación y los bajos niveles de impuestos que deben pagar los concesionarios hacen que Argentina sea más atractivo para los inversores. Según el Código Minero, las empresas deben abonar un 3% de regalías, calculado en base a las cantidades del mineral extraídas, declaradas en los balances de las empresas.
El dictador chileno Augusto Pinochet declaró en Chile al litio como recurso estratégico y desde entonces sólo se ha autorizado allí a dos empresas a extraer el mineral: SQM, que vendió su participación en Argentina en 2018 a la china Ganfeng, y Rockood. Algunas comunidades han aceptado los proyectos, mientras que otras han llevado demandas a la justicia.
En Bolivia, el Salar de Uyuni, principal área con recursos de litio, fue declarado reserva fiscal y, por lo tanto, está prohibido el otorgamiento de derechos mineros y la explotación la realiza el estado. El gobierno de Evo Morales desarrolló una técnica de extracción propia y realizaron un emprendimiento para la producción de baterías con la empresa alemana AC System.
