Argentina quedó atrapada en medio de una disputa militar por el espacio entre los Estados Unidos y China

El 10 de enero de 2019, el sistema militar chino realizó el primer lanzamiento de un cohete del año. Durante 2018, el país asiático hizo al menos 12 lanzamientos similares con carga de uso militar. Esto constituye un ritmo desenfrenado, considerando que sólo Estados Unidos y Rusia hicieron una cantidad similar, pero conjuntamente. Sucede que China tiene un plan concreto denominado «Larga Marcha», mediante el cual planea convertirse en la principal potencia del espacio extraterrestre para el año 2030.

Para lograrlo, necesita colocar en órbita una serie de artefactos de diferentes naturaleza. Entre ellos se encuentran satélites de comunicación cifrada de uso civil y militar, artefactos de vigilancia y espionaje capaces de detectar los movimientos económicos y militares de sus adversarios, y lo que será su apuesta más ambiciosa: su propia red de guía GPS.

Rusia ya cuenta con su sistema GPS denominado «Glonass» y la Unión Europea con su «Galileo». China, siempre interesada en cortar todo lazo de dependencia en asuntos estratégicos, ya puso en marcha su propia red de satélites, bautizada»Beidou».

Las razones obedecen a una premisa militar prioritaria. Cuando a diario recurrimos al sistema de posicionamiento global – creado por el Departamento de Defensa de EEUU –  para viajar o identificar un sitio preciso en la superficie terrestre, utilizamos una red de decenas de satélites estadounidenses, cuyo manejo le da una ventaja militar importante.

Esto es así debido a que ese mismo sistema de guía puede ser usado para colocar una bomba en un blanco con una precisión milimétrica, o para guiar una aeronave o misil por miles de kilómetros con una exactitud tal que, un artefacto que despega desde el océano Índico, es capaz de identificar un domicilio en un suburbio de una ciudad en el norte de África con mayor eficacia que un delivery de pizza.

El problema para otros países sin una red GPS propia es que EEUU tiene la llave para manejar la precisión con que se usa el sistema de posicionamiento global y, con ello, desactivar métodos de guía similares en zonas en donde no está interesado  en que sea usado con fines que afecten a sus planes estratégicos.

Manejar la precisión del GPS significa que una bomba sea arrojada a una decena de metros de su objetivo, o que un aparato que use esa guía se desvíe unos cientos de metros – o kilómetros – según sea el caso. Ese margen de error en una operación militar puede ser la diferencia entre el éxito o el desastre.

China tomó nota de esa debilidad hace años y actuó en consecuencia, preparando un plan para contar con su propia red de satélites de posicionamiento y espionaje y ponerlos en órbita en una secuencia que finaliza en el año 2030. Para ese año, podrá reclamar el título de «potencia espacial». Y allí es donde entra en juego la Argentina.

Poniéndose de acuerdo en secreto

En 2012, mientras se agitaban los estandartes nacionalistas por el embargo de la Fragata Libertad en un puerto de Ghana, el gobierno de Cristina Kirchner le hacía a la Argentina un cuento chino.

En los días en que se llevaba adelante una épica batalla contra los tenedores de bonos que pretendían confiscar los bienes argentinos en el exterior, se hacían los arreglos finales para un acuerdo secreto con China.

Se trataba, nada menos, que de la instalación de la primera base extranjera con propósitos bélicos que opera plenamente en territorio argentino desde que el país existe como tal.

Ni siquiera cuando el país era la alacena de Gran Bretaña a inicios del siglo XX, ni luego en tiempos de las guerras mundiales, cuando la presión aliada llegó al extremo de la amenaza de invasión, la Argentina permitió que otros países instalaran bases con propósitos militares.

Incluso en plena Guerra Fría, cuando se ofrecían beneficios y se repartían amenazas para el que no se sumara a uno de los bandos, la Argentina maniobró hábilmente para permanecer imparcial vendiendo sus productos a cambio de esa neutralidad.

Pero todo cambió en enero de 2011, cuando comenzó a gestarse la instalación de una base china en la provincia de Neuquén, en un paraje hasta ese entonces desconocido y remoto llamado Bajada del Agrio.

Los primeros acercamientos habían comenzado el año anterior, cuando el gobierno chino informó por canales discretos que estaba interesado en instalar una base de exploración y seguimiento de satélites en Argentina o Chile, con el propósito de apoyar su idea de hacer pie en la Luna y en Marte en un futuro todavía indefinido.

La oficina china a cargo del proyecto era la China Launch and Tracking Control General,una repartición que funciona dentro del programa espacial chino y que es a su vez dependiente del sistema de defensa de ese país.

Los documentos reservados indican que una de las primeras reuniones fue organizada el 29 de abril del 2010 entre la delegación china, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y el ingeniero Juan Masciotra, de la Comisión Nacional de Comunicaciones.

El CNC realizó el primer estudio a pedido de las autoridades chinas para analizar el espectro radioeléctrico de cinco sitios seleccionados por Pekín y, con ellos, identificar aquel que no sufriera de interferencias. Esta reunión fue revelada en un documento interno de la CONAE fechado el 29 de abril del 2010.

El 31 de enero del 2012, la CNC emitió un dictamen que catalogó como «nota CNCGI 04/2012″ en la que, en base a las interferencias detectadas en cada sitio analizado, recomendaba la instalación de la base en un área comprendida entre las coordenadas 38°05’00» a 38° 13’00» Sur (S) y 70°05’00» a 70°20’00» Oeste (W)».

Tiempo antes, una delegación china había comenzado a recorrer el país para hallar el sitio más favorable para construir su base. Luego de unos meses, se concentraron en las provincias de Río Negro y Neuquén, que ofrecían un entorno climático, geológico y de aislamiento ideales para la tarea.

Para ese momento, a ninguno de los funcionarios locales involucrados en esas giras se le escapaba que los científicos extranjeros estaban bajo la órbita de una entidad manejada por el Ministerio de Defensa chino, aunque se insistiera que se buscaba una locación para una instalación de comunicaciones sin ninguna aspiración bélica.

En su momento se eligió un sitio cercano a la ciudad de Zapala, pero tal como se revela en la Nota N° 29/11 del 16 de mayo del 2011, debieron enfrentar «una fuerte reacción por parte de los pobladores cercanos al mismo, perteneciente a la Comunidad Gramajo de pueblos originarios». En la nota firmada por el ingeniero Adolfo Luis Italiano, Director de Planificación y Desarrollo de Tecnologías de la Información de la provincia de Neuquén, el autor le escribe a un funcionario chino llamado «Sr. Ma Zhiqiang» explicándole que si bien el sitio era apto para la instalación de la antena, debía ser descartado por «la manifiesta oposición de los pobladores vecinos» que los obligó  «a suspender las evaluaciones del sitio y terminar con los estudios pertinentes de manera anticipada».

En el Dictamen 11 – 2013 de la Cancillería argentina firmado por la funcionaria Susana Ruiz Cerruti, titular de la Dirección de Consejería Legal del Ministerio de Relaciones Exteriores (DICOL),  ya se analiza la instalación de una base china en «la fracción de tierra de lote E1, en un predio del Paraje Quintuco Pilmathue, nomenclatura catastral 05-RR-011-5424-0000, del Departamento Loncupué». Para la contraparte china, ese terreno era conocido como «site 16», y era parte de un trabajo de investigación en todo el territorio en el que se analizaron 20 posibles sitios para asentar una instalación científica.

El primer acuerdo registrado entre la CONAE y la CLTC data del 28 de julio de 2012. En el mismo se sientan las bases de la cooperación bilateral para la construcción de la base.

Lo curioso de esta etapa de la negociación es que la provincia de Neuquén, la verdadera dueña del sitio, había sido dejada de lado y recién se la participó del acuerdo cuando los gobiernos de Argentina y China ya habían avanzado en la cesión del territorio de 200 hectáreas elegido para construir las instalaciones.

Esto se desprende al menos de los documentos de la CONAE, los cuales verifican que hasta diciembre de 2011 no se había informado al gobernador neuquino Jorge Sapag de los avances de las negociaciones, y que a partir de esa fecha se decide que era adecuado incorporarlo.

Para ese momento ya se había establecido como condición para que se asentara la base que el terreno debería ser cedido por Neuquén a la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, y que luego la CONAE se la entregaría en comodato al CLTC por un término de 50 años.

Es decir, Pekín negoció en todo momento con el gobierno nacional y dejó de lado a la provincia de Neuquén. En su momento, una negociación de regalías petroleras adeudadas por Buenos Aires a esa provincia fue suficiente para que el gobernador cediera el terreno reclamado por los chinos y que todo esto se hiciera con una discreción asombrosa, aunque aun existen dudas sobre la legitimidad del procedimiento que siguió el Ejecutivo neuquino para enajenar esas tierras.

Recién el 28 de junio de 2012 el ministro de Desarrollo Territorial de Neuquén, Elso Leandro Bedoya, firmó la resolución 391/2012 relacionada con el expediente N° 4340-001302/12, en donde se le otorga a «la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), y por un período de 50 años, una fracción del Lote E1, con una superficie estimada de 200 hectáreas, nomenclatura catastral 05-RR-011-5424, Plano de Mensura E2756-3907/00, del Paraje Quintuco Pilmathue, Departamento Loncupué, provincia de Neuquén, destinada a la instalación de un Centro de comandos y adquisición de datos que incluye una Estación Satelital del Programa de Exploración de Luna y Marte, llevado a cabo por la Administración Nacional Espacial China (CNSA) de la República Popular China».

Con una eficiencia oriental, el 20 de julio del 2012, el Director Ejecutivo de la CONAE, Conrado Varotto, firmó el trato definitivo con la CLTC denominado «Acuerdo de Cooperación en el Marco del Programa Chino de Exploración de la Luna entre el China Satellite Launch and Tracking Control General (CLTC) y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) de la República Argentina para establecer instalaciones de seguimiento terrestre, comando y adquisición de datos, incluida una antena para investigación del espacio lejano, en la provincia de Neuquén, Argentina».

El 28 de abril de 2014, una vez hechos los arreglos, los gobiernos de China y Argentina formalizaron un acuerdo que legalizaba todo lo que se había negociado en abril del año anterior, y que le daba vigencia a los protocolos referidos a la instalación y construcción de la base. En marzo comenzaron a construirse los cuatro edificios centrales, así como la antena parabólica de 35 metros de diámetro que le da entidad a su actividad satelital.

La aprobación del acuerdo por parte del Congreso, condición sine qua non para que tuviera vigencia, se hizo en febrero de 2015, cuando la estación ya estaba construida, operativa y sellada. Estaba todo listo para que China siguiera con el relato que hacía que los argentinos miraran a la Luna y Marte, mientras calibraban sus equipos para seguir el rastro de su flamante flota de satélites militares.

Dar todo por casi nada

Seis años atrás, el autor de esta nota publicó en una investigación junto a José Stella sobre los detalles más escandalosos de estos acuerdos que hoy redescubren los grandes diarios locales. Hace más de un lustro, anticipó la primicia de hoy al informar que la base china iba a recibir una inmunidad similar a la de una sede diplomática extranjera. Pero, además, que iba a ser objeto de beneficios de infraestructura sin recibir otra contraprestación que la presencia china en la Patagonia.

La reciente declaración del jefe del Comando Sur de EEUU, Craig Faller, respecto al uso militar de esta base, reavivó el tema y puso sobre el tapete nuevamente tanto el propósito de esa instalación como la conveniencia para la Argentina de ser anfitriona de un sitio que podría colocarla en el centro de una disputa entre dos superpotencias.

Vale entonces revisar la serie de favores que recibieron las autoridades chinas para instalarse en Neuquén por parte del gobierno nacional y provincial, para así entender cuál es el escenario que se plantea frente a su presencia, y las posibilidades de cambiar el actual statu quo.

Tal era el interés del gobierno argentino por ver instalada la base china, que en los documentos de la Cancillería se lee la recomendación del funcionario Alberto Dojas para que se ceda en comodato el terreno por 50 años y que se garantice el «acceso y/o disponibilidad de carreteras, suministro de agua, provisión de energía eléctrica, líneas de comunicación». Vale aclarar que, hasta ese momento, el paraje no contaba con rutas accesibles ni líneas de alta tensión, que el Ministerio de Planificación, a cargo de Julio de Vido y bajo cuya esfera operaba la CONAE, se encargó de que se construyesen rutas y líneas eléctricas en tiempo récord mientras todavía se levantaban las instalaciones de la base.

Todas estas previsiones están contempladas en el Dictamen 11/2013, N° 1507/12 firmado el 11 de enero del 2013 del Ministerio de Relaciones Exteriores contenido en el expediente 0066504/2011.

Aquella preferencia era parte de una serie de beneficios y prioridades que resultaban inexplicables, habida cuenta que la Argentina no estaba recibiendo ningún favor directo en divisas ni tampoco un estipendio por el uso del lugar. Por el contrario, destinó una considerable cantidad de recursos sin retorno y los destinó con una prioridad inexplicable aún.

Lo mismo hizo la provincia de Neuquén, que firmó un nuevo acuerdo tripartito con la CONAE y el CLTC el 28 de diciembre de 2012, el cual lo obligaba a realizar las obras necesarias para que la base estuviese provista de manera permanente con 1500 kw de energía, así como instalar una línea de fibra óptica de 40Mbps. En el mismo articulado, se obliga a mantener en buenas condiciones la ruta provincial N° 31 por la cual se accede a la base. Estas obras están respaldadas por convenios entre la provincia y el gobierno central para financiar su puesta en marcha.

En el dictamen de 2011 se preveía que «se otorgará a los empleados de CLTC exención judicial por expresiones escritas y orales en su trabajo para la estación de espacio lejano», que en criollo significa que nada de lo que produjeran iba a ser alcanzado por la legislación local.

Además, que se iba a garantizar que las autoridades migratorias no interfirieran en la circulación del personal de las instalaciones chinas y que las oficinas impositivas  los eximieran de toda presión tributaria, usualmente fuerte con otros habitantes de territorio argentino. La autoridad fiscal fue informada de estos privilegios mediante un memorándum reservado enviado en mayo de 2013.

Dentro de esas exenciones, se le otorga una habilitación extraordinaria para importar los elementos destinados a construir la base, así como un permiso adicional para que ese beneficio incluya a cualquier tipo de insumo que se necesite para mantenerla operativa, ya sea que se trate de instrumentos científicos, comida o ropa para los que trabajan en ella. En el inciso 4 del acuerdo se establece que «la Argentina permitirá la importación libre de impuestos para artículos de subsistencia de empleados de CLTC al territorio argentino de conformidad con la legislación argentina».

En su momento, la Cancillería destacó que «la CONAE ha hecho notar que la magnitud del proyecto y el grado de colaboración que se requiere para asegurar la exitosa instalación y operación de este instrumental de última generación representa una oportunidad única para la Argentina para demostrar su capacidad en el campo de las tecnologías de avanzada». Sin embargo, en ningún documento se establece el aporte de tecnología argentina ni el traspaso de avances científicos chinos a sus pares locales. Todo se hace a título gratuito y por cuestiones vinculadas al fortalecimiento de las relaciones bilaterales.

Por eso, y para salvar las formas, el acuerdo estableció que los científicos de la CONAE podrían hacer uso de las instalaciones durante el 10% del tiempo del funcionamiento. Sin embargo, para ello deberían pedir un permiso a las autoridades chinas, mientra que su aprobación dependerá de que el uso no obstaculice los de la base. Además, serán los científicos chinos los que definirán si ello sucede.

En el artículo 4° del documento donde se acuerda esa cooperación, se lee: «La utilización efectiva por parte de CONAE del uso del 10% del tiempo de la antena de espacio lejano, por año, no acumulable a través de los años. A tal fin, CONAE podrá instalar, mantener y operar equipamiento para procesamiento de datos a su propio cargo, sobre una base de no interferencia con las actividades de apoyo a las misiones de CLTC. CONAE coordinará dicha actividad con CLTC mediante solicitud escrita remitida, al menos, con tres meses de antelación».

Más allá de las susceptibilidades nacionalistas, estas facilidades implican en los hechos que la Argentina renunció a toda herramienta de control y presión en caso de que la base china se apartara de lo acordado, como por ejemplo que se tuvieran indicios sólidos que está siendo utilizada con propósitos bélicos.

Ello se vuelve más evidente al no existir mecanismo de verificación unilateral por parte de las autoridades locales, que dependen en todo momento de la buena voluntad de quienes están dentro de la base para ser invitados a entrar, analizar y verificar las actividades que se hacen dentro de ella.

Tampoco puede monitorear sus actividades o permitir que terceros lo hagan, ya que uno de los anexos compromete a la Argentina a blindar el espacio radioeléctrico en cien kilómetros a la redonda en las bandas entre 10 y 50 GHZ, además de comprometerse a brindarle garantías contra toda intrusión remota.

Es decir que si los científicos chinos que están bajo el comando de los militares de Pekín ya están realizando actividades relacionadas con su sistema militar, no existe modo de comprobarlo ni instrumentos para presionar para que dejen de hacerlo.

Los acuerdos que permitieron la instalación de la base y garantizan su funcionamiento están protegidos por la aprobación retroactiva por parte del Parlamento y el secreto de los protocolos reservados que lo acompañan. Pero incluso lo que fue legalizado no salva a la Argentina de las consecuencias de esa presencia en momentos en que EEUU y China tensionan su disputa por el título de principal potencia económica y militar del planeta.

Problemas

La declaración del almirante Craig Faller no fue ni inocente ni apresurada. En agosto del 2018, el secretario de Defensa de EEUU, James Mattis, visitó al presidente Mauricio Macri en Buenos Aires y, de acuerdo a fuentes confiables, introdujo la cuestión de la base china en la Patagonia. La cuestión central es que además de los propósitos declarados, le indicó que aquella estación estaría siendo usada como parte de la red espacial que tendió Pekín para vigilar objetivos estadounidenses en todo el planeta. La declaración del jefe del Comando Sur que asumió histórica y unilateralmente la defensa de los intereses de ese país en el sur de sus fronteras, sonó a la vez como un recordatorio y como advertencia.

Tal es la preocupación del presidente Donald Trump por no perder la carrera espacial, que en agosto del año pasado creo la «fuerza espacial», el capítulo militar que reunirá las capacidades bélicas de ese país más allá de la atmósfera. Y en línea con esa preocupación, el secretario de Defensa Mattis ofreció al presidente Macri convertir a la Argentina en un aliado militar, una oferta que no podía estar disociada con la presencia china en el sur del país.

De todos modos, si EEUU decidiera neutralizar esa base en su flanco sur la Argentina podría enfrentar escenarios complejos. Bien podría presionar para que Buenos Aires de por terminado los acuerdos que permiten la presencia de esa base, pero con ello le obligaría a renunciar al principal socio comercial y principal comprador de soja, la gran entrada de dólares de la cual depende la débil economía local. Y aunque presionara, Argentina no tiene modo de trasladar esa presión a los habitantes de la base por el modo en que fueron conformados los acuerdos.

Otra clase de opciones que impliquen irrumpir en la soberanía argentina para sacar la base, pareciera ser una fantasía reservada para escenografías de guerra abierta que por ahora no son siquiera una probabilidad.

La única cláusula que podría salvar la situación es la que estipula que la Argentina puede dar de baja el acuerdo con un aviso previo de cinco años, fundando su motivo en causas razonables y con las obvias reservas legales en caso de tratarse de una denuncia basada en motivos no aceptados por la contraparte. Pero en la cláusula 3° del acuerdo marco se prevé que en caso de controversia originada por parte de la Argentina, se llamará a un arbitraje con una tercera parte elegida de común acuerdo y que el procedimiento será llevado adelante en… Pekín.

Todo indica que en caso de ser presionada para que retire la base, Argentina no tiene nada que hacer salvo esperar que pase el tiempo, mientras negocia para que las tensiones no la dejen atrapada en la maraña legal y política sobre la que se construyó la base china en la Patagonia.

Incluso, si el gobierno argentino decidiera echarse atrás con lo acordado, sufriría de las limitaciones del artículo 5, inciso 3 en donde se estipula que «sin la aprobación de China, las entidades e instituciones o individuos de la Argentina no podrán expropiar o embargar bajo ninguna circunstancia el equipamiento y las instalaciones o bienes y documentación de la estación de espacio lejano. El equipamiento y las instalaciones, bienes y documentación de la estación de espacio lejano no estarán sujetos a restricciones administrativas o judiciales de ningún tipo».

No podría hacer nada más debido a que no tiene ni instrumentos militares ni peso geopolítico para hacer otra cosa que un berrinche diplomático.

Ni a China ni a EEUU les interesa demasiado si el acuerdo para la instalación de la base fue firmado por una ex presidente que deberá desfilar por Tribunales acusada de corrupción o si Mauricio Macri tiene planes para controlar la inflación. En las grandes ligas estratégicas se considera que el acuerdo fue firmado por un Estado más allá del inquilino ocasional que ocupe la Casa Rosada. Y no respetar los pactos –o respetarlos, según sea la óptica– tiene consecuencias concretas.

China avanza en la militarización del espacio y está dispuesta a convertirse en el adversario de EEUU en todos los escenarios. La base que instaló en la Patagonia argentina es una parte esencial de su sistema de rastreo y recopilación de datos, la cual sin duda tiene un capítulo bélico, dada la naturaleza dual de la tecnología que despliega Pekín en cada lanzamiento que realiza hacia el cosmos.

Argentina tiene entonces en su lomo patagónico una protuberancia que hace ruido a Occidente y sirve al Oriente para confrontarlo. Atrapada en las decisiones de un electorado que en su momento no entendió las consecuencias del discurso anti norteamericano, dejó que otro de los actores del gran juego pisara fuerte dentro del territorio y con ello que la Argentina fuera involucrada en un conflicto que excede sus músculos políticos.

Hace años que la política exterior argentina fluctúa entre los bandos en disputa en el tablero mundial. Y esa falta de rumbo precisa de un GPS, que por ahora no se sabe si funcionará bajo la tecnología de EEUU o la de China. Sin importar donde llegue, las coordenadas indican que se dirige directo hacia un conflicto.

Fuente: https://www.infobae.com/politica/2019/02/15/argentina-quedo-atrapada-en-medio-de-una-disputa-militar-por-el-espacio-entre-los-estados-unidos-y-china/