La compra se realizó en el marco del proceso judicial de la Procuración General con la empresa AMX tras un acuerdo entre las partes en el que se convino el uso del dinero de la multa para la adquisición de un equipo de medición de radiación no ionizante, la compra quedó en manos del Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable
La entrega del equipo se realizó en el marco del proceso judicial seguido oportunamente por la Procuración General contra la empresa AMX Argentina SA (Claro) a raíz de la instalación irregular de una antena de telefonía celular en Campo Quijano y la posible contaminación ambiental de la misma.
Como resultado de este litigio iniciado en el año 2011, la empresa fue sancionada al pago de una multa de 433.500 pesos por irregularidades en la habilitación de dicha antena, multa que fue ratificada por la Corte de Justicia.
En vista de estas actuaciones y tras un acuerdo entre las partes en el que se convino el uso del dinero de la multa para la adquisición de un equipo de medición de radiación no ionizante, la compra quedó en manos del Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable y hoy a la mañana la titular de esa cartera celebró un convenio de uso del mismo con el Procurador General.
Dentro del convenio marco denominado en este caso, de “Prevención y Control Ambiental”, en el que incluye a ambos organismos, mediante un protocolo se cedió al CIF un equipo de “Solución de Medición de Inmisión Banda Ancha- de Radiación No Ionizante.
Entre las cláusulas del protocolo, el CIF asumió la responsabilidad de mantenimiento y uso del mismo para “realizar mediciones y determinaciones” para litigios concretos.
Indices de contaminación
De la firma del convenio, realizada en las oficinas de la Procuración General, participaron la ministra Bibini y el procurador López Viñals, oportunidad en la que no sólo se repasaron aspectos relacionados al uso del sofisticado equipo, sino también a otros temas que involucran a ambos organismos.
Entre ellos, el establecimiento de índices de contaminación ambiental, para lo cual se estableció como necesario avanzar sobre la constitución de un equipo de técnicos, tanto del CIF como del Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable, a fin de estudiar, analizar y establecer parámetros locales en la materia.
Al respecto cabe mencionar que en la provincia y tampoco en la región existen índices de contaminación ambiental que puedan ser aplicables en los respectivos controles de contaminación ambiental, por lo que se suele acudir a índices aplicables o establecidos por otras provincias.
A partir de este encuentro, en el que ambos titulares pudieron explayarse al respecto, surgieron fuertes expectativas tendientes al establecimiento de estos índices que podrán agilizar las tareas de control y protección del medio ambiente local.
El caso AMX
Las actuaciones judiciales se iniciaron en el año 2011 con la aplicación de una multa debido a que la empresa no había presentado toda la documentación e informes relacionados a la habilitación de la antena, entre ellas la certificación de impacto ambiental exigida para este tipo de actividad.
La multa se extendió desde 11 de marzo al 7 de junio de 2011, fijada sobre una base de 500 a 3.000 y 5.000 pesos diarios, según se mantenga o no la irregularidades planteadas. Frente a ello, la empresa presentó distintos planteos que desnaturalizaron el fondo de la cuestión y llevaron el caso a un largo proceso, el cual terminó con un fallo de la Corte de Justicia de Salta que confirmó la aplicación de la multa, la cual se fijó en un total de $ 433.500 pesos.
Posteriormente, y como parte de un acuerdo de las partes para avanzar sobre la cuestión principal, o sea determinar la posible contaminación ambiental de radiación no ionizante por parte de la antena de telefonía celular, se avanzó sobre un acuerdo judicial al respecto.
Posteriormente, el 12 de mayo del año 2016, las partes mantuvieron una audiencia en la que se acordó un plan para determinar el nivel de contaminación ambiental.
La audiencia fue convocada por el juez de la Sala IV, de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial, José Gerardo Ruiz, a fin de determinar los pasos a seguir en el proceso judicial en curso, audiencia de la que participaron la Fiscal ante la Corte 1, Patricia Di Paolo y el Secretario Relator de Asuntos Ambientales e Intereses Difusos, Sebastián Lloret.
También estuvieron presentes funcionarios del Ministerio de Salud Pública y de la Secretaría de Medio Ambiente de la Provincia, mientras que por parte de la empresa AMX, estuvo presente su apoderado, Ramiro María Saravia.
En dicha audiencia, los funcionarios del Ministerio de Salud Pública se comprometieron a realizar los protocolos de investigación y relevamioento de patologías vinculadas con la emanación de energía de la antena de telefonía celular.
Por su parte, la Secretaría de Medio Ambiente asumió la responsabilidad de realizar las gestiones respectiva para la adquisición de un aparato que permitirá medir las radiaciones no ionizantes en el ambiente, las que se presume son irradiadas por la antena de telefonía celular.
Este equipo, tal como se dispuso judicialmente, fue adquirido con el dinero depositado por AMX, correspondiente a la multa fijada en 433.500 pesos. El representante de Claro en Argentina, en tanto, se comprometió a realizar la reubicación de la antena en cuestión, previa tramitación de las habilitaciones que correspondan.
